La mañana previa a la Nochebuena transitaba dentro de la normalidad relativa propia de estos convulsionados tiempos de principios de la nueva gestión, cuando todo se vio interrumpido por la llegada al Palacio Municipal de miembros de la Policía Federal Argentina.
Los uniformados venían munidos de una orden judicial, emanada de un Juzgado Federal, por la que se requería al Municipio de la Ciudad determinada documentación, referida a dos particulares, a los efectos de determinar si los mismos habían realizado contrataciones con el DEM local desde diciembre de 2018 hacia atrás en el tiempo.
El oficio provenía del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo del Dr. Claudio Bonadío, Secretaría a cargo de la Dra. Carolina Lores Amaiz. La información requerida se relaciona con un expediente que tramita ante el Juzgado mencionado, sobre una causa de infracción al Artículo 303 del Código Penal.
En declaraciones realizadas al Programa «Una Buena Tarde», de Récord 91.1 – Radio Casilda, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Casilda, Dr. Andrés Docnich, se refirió al episodio:
«No se trató de un allanamiento, sino de un requerimiento de documentación. Los miembros de la Policía Federal llegaron al Municipio con una orden judicial proveniente de un Juzgado Federal, sobre si dos personas habían realizado contrataciones con la Municipalidad de Casilda desde diciembre de 2018 hacia atrás en el tiempo. De ambas personas, al ser una cuestión particular, sólo puedo dar sus iniciales: N.G. y R.I.», manifestó Docnich.
Agregó que no existían en el Municipio, al menos en lo registrado, documentación como la requerida, y expresó «que también forma parte de este tipo de diligencias, un Juez solicita saber si existe determinada documentación en determinado lugar, y en caso de no hallarse, es un dato que el Juzgado toma en cuenta».
Culminó diciendo que «sí se puso a disposición de la Policía Federal, que es la fuerza encargada de llevar a cabo en todo el territorio del país las órdenes emanadas de la Justicia Federal, algún tipo de documentos que consideraron de interés. Todo se desarrolló en un clima de cordialidad, y tanto el Intendente, que puso a disposición toda la estructura municipal, como yo estuvimos, presentes durante toda la diligencia».
Según pudo saber «La Nueva Senda Digital», las personas sobre las que se requerían datos y documentos serían ex funcionarios de la gestión de Gobierno de Cristina Fernández.
El artículo 303 del Código Penal Argentino expresa: «Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre si».
