Fueron años. Demasiados. Cientos de protestas, de reclamos, de avisos. Planillas firmadas de puño y letra a la espera que quien quiera oír que oiga. Y nadie escuchó. Nadie escuchó el clamor de la gente, usuarios del paupérrimo servicio interurbano de pasajeros, con epicentro especialmente en la ya tristemente célebre Empresa MONTICAS. Voces de la gente que desesperadamente pedían que alguien hiciera algo, que no era posible, que imposible era viajar en semejantes condiciones. Coches vetustos, faltos de seguridad e higiene, con neumáticos al borde del colapso, detenidos en medio de la ruta por desperfectos mecánicos que obligaban al sufrido pasaje a esperar estoicamente que el próximo coche los pasara a rescatar. Pasajeros de pie, choferes colapsados, horarios que casi nunca se cumplían. Todo preanunciaba la tragedia.
Hubo, además de todo lo anterior, un aviso por demás de concreto. El 26 de enero de 2017, un colectivo de la Empresa señalada tomó fuego al ingreso de Casilda. Fue un milagro que nadie resultara lesionado o con consecuencias más graves. Tampoco nadie acusó recibo. Fue un aviso concreto. El último aviso.
Hasta que la crónica de una tragedia anunciada tuvo su desenlace. Aquél viernes 24 de febrero, hace un año ya, se convirtió en uno de los días más aciagos de nuestra historia como región. Dos coches de MONTICAS colisionaron en Ruta 33, entre Zavalla y Pérez, con el saldo de 13 personas fallecidas y 34 heridos, muchos de ellos de consideración. Finalmente, después de tanta espera y tanto olvido, el desastre se consumó cobrándose vidas humanas. Sólo el espanto pudo disfrazar apenas momentáneamente que la sorpresa no era tal.
Esa misma noche, en Casilda, un grupo de vecinos se autoconvocó en la Estación de Colectivos “Colonia Candelaria”. Exigían ahora sí que alguien hiciera algo. Luego de ese fin de semana tristemente inolvidable, y en lunes feriado de Carnaval, el Gobernador de la Provincia informó en su cuenta de Twitter –los políticos actuales suelen sobreactuar con el uso de algunas herramientas modernas- la quita de la concesión a MONTICAS. Esto descomprimió en algo el denso ambiente que se vivía por esas horas, pero dejó más preguntas que respuestas. Se realizaron nuevas protestas, tanto en Casilda como en Zavalla y Rosario. Muchas veces, reaccionar ante las contingencias en lugar de prevenirlas suele arrojar ese aire de impotencia que la
mansedumbre transforma en resignación. Similares protestas se realizaron en Zavalla y Rosario.
Se sucedieron luego algunas escenas poco menos que inverosímiles. El secretario de transporte del Gobierno Provincial, Pablo Jukic, manifestó ante legisladores provinciales que “quitar la concesión a Monticas obedeció a la intención de descomprimir la tensión social”. A confesión de parte relevo de pruebas, dicen los abogados. Pese a la indignación que las palabras del funcionario causaron entre legisladores y ciudadanos, el secretario se mantuvo y aún se mantiene en su cargo, habiendo siendo removido un funcionario de segunda línea, el subsecretario de Transporte, Gustavo Peirano, reemplazado por el actual, Héctor Zanda.
Luego de las gestiones realizadas por el intendente municipal, en dos oportunidades durante el transcurso del año pasado se hicieron presentes en Casilda los fiscales Valeria Piazza Iglesias, Mariana Prunotto, y Walter Jurado, integrantes de la Unidad Fiscal de Delitos Culposos del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de la investigación de la tragedia de Monticas. Tomaron declaraciones en la sede de la Fiscalía local a personas que viajaban en los micros, e informaron el curso de la investigación ante pasajeros y familiares de víctimas de aquél viaje fatídico y ante la prensa local. No hay aún imputados.
El desastre de aquél 24 de febrero trajo, además de la tremenda pérdida de vidas, otras consecuencias. El personal de Monticas angustiado por el riesgo de perder sus fuentes laborales, usuarios de nuestra Ciudad y de localidades vecinas sin suficientes horarios para poder trasladarse, pasajeros que realizaban recorridos interprovinciales sin poder contar con alternativas. Se puso en vigencia un sistema de emergencia, donde los viajes que antes realizaba Monticas los realizaron en forma alternada las Empresas SANTAFESINA y TATA RÁPIDO. Si bien Santafesina continuó, lo de Tata fue más rápido que su nombre, y a la semana desapareció. Fue RANQUELES quien se hizo cargo de algunas frecuencias.
Finalmente, el Gobierno de la Provincia entregó la concesión a la Empresa ROSARIO BUS, del Grupo BERMUDEZ. Número puesto, según versiones previas finalmente concretadas. Llegaron al poco tiempo unos endebles colectivos de color amarillo, muy similares a los que prestan servicios de transporte urbano de pasajeros en la Ciudad de Rosario, lo que provocó un nuevo enojo de los usuarios. Finalmente, fueron puestas en funcionamiento las unidades de la Empresa ganadora de la licitación, la UTE (UNIÖN TRANSITORIA DE EMPRESAS) 33/9.
Con relación a Zanda, fue el único funcionario que llegó a Casilda y dio la cara en lo que respecta a la tragedia. Jukic jamás apareció, pese a las reiteradas invitaciones. El Ministro del área, pasó en vuelos rasantes y desapercibidos, sin anuncio previo, salvo
en vísperas de elecciones. Y el mismo Gobernador de la Provincia dilató en el tiempo sus visitas programadas para inauguraciones previstas de edificios escolares. Es verdad: Zanda asumió después de aquél día aciago, y no estaba en funciones en toda la etapa previa, la de los reclamos reiterados y desoídos.
El día en que presentó junto al Intendente de Casilda las nuevas unidades, inauguró una Oficina de Reclamos en nuestra Estación Terminal. Oficina que aún hoy no se habilitó, y sigue sin funcionar.
Un grupo de vecinos conformó un grupo, “Usuarios autoconvocados por un transporte seguro y eficiente”. Se mantuvieron en permanente movilización, pidieron hacer uso de la llamada “banca ciudadana” en el Concejo Municipal para lograr la oficina de reclamos, lograron ser recibidos en algunas reuniones por las autoridades provinciales, y se vieron y ven envueltos en tesón e impotencia, por partes iguales. A ellos se sumaron grupos como “Prohibido Olvidar” de Casilda, y otros de Zavalla y Perez, unidos por el reclamo y el espanto.
Es más que obvio, que los que peor parte se llevaron fueron aquellas personas que perdieron sus vidas aquella jornada fatídica, encontrando la muerte simplemente por viajar en colectivo unos pocos kilómetros. Un disparate trágico. Junto con ellos, los heridos, algunos con daños físicos y psicológicos irreversibles. Y los familiares de las víctimas, que siguen pidiendo justicia, y que generalmente desoídos y solos han visto como sus vidas cambiaron abruptamente de la manera más dolorosa.
El 24 de Febrero de 2017, a las 11.05, dos colectivos se nos estrellaron en el corazón. Vidas perdidas en una tragedia que tenemos la indubitable seguridad podía haberse evitado. La falta de controles de la Provincia y de la Nación, el desoír los reclamos de los usuarios, el dejar pasar, dejar hacer sin intervenir como correspondía se hiciese, entre otro motivos, llevaron a que ese día de hace un año haya quedado marcado a fuego en el alma y la mente y de todos.
Y aún más grave es que aquellos que pensaron nunca ocurrirían, ahora parecen estar seguros que no volverá a ocurrir. Quiera Dios –ese Dios al que durante meses los pasajeros pedían los protegiera, viajando con estampitas y rosarios en sus manos- que esta vez no se equivoquen. Una vez, fue y es imperdonable. Otra, simplemente perverso.
Lo ocurrido hace un año es desgraciadamente irreparable. Es de esperar que tanta desmesurada desidia, esa desidia de las que matan, también haya quedado inerte al costado de una ruta y sin pasaje de vuelta, para que nunca más vuelva a ocurrir semejante episodio, y para que por fin se sepa cómo ocurrió la tragedia, y que quienes por acción u omisión tengan responsabilidades paguen por ello.
Depende de todos. De las autoridades actuar. De la justicia, responder. Y de los ciudadanos, no olvidar.
(A la memoria de las personas fallecidas el 24 de Febrero de 2017 en la “Tragedia de Monticas”)
Por GUILLERMO MONCLÚS.
