Fueron años. Demasiados. Cientos de protestas, de reclamos, de avisos. Planillas firmadas de puño y letra a la espera que quien quiera oír que oiga. Y nadie escuchó. Nadie escuchó el clamor de la gente, usuarios del paupérrimo servicio interurbano de pasajeros, con epicentro especialmente en la ya tristemente célebre Empresa MONTICAS. Voces de la gente que desesperadamente pedían que alguien hiciera algo, que no era posible, que imposible era viajar en semejantes condiciones. Coches vetustos, faltos de seguridad e higiene, con neumáticos al borde del colapso, detenidos en medio de la ruta por desperfectos mecánicos que obligaban al sufrido pasaje a esperar estoicamente que el próximo coche los pasara a rescatar. Pasajeros de pie, choferes colapsados, horarios que casi nunca se cumplían. Nuestras ediciones impresas de noviembre de 2014 y junio de 2016 daban cuenta de este estado de situación. Todo preanunciaba la tragedia.
Hubo, además de todo lo anterior, un aviso por demás de concreto. El 26 de enero de 2017, un colectivo de la Empresa señalada tomó fuego al ingreso de Casilda. Fue un milagro que nadie resultara lesionado o con consecuencias más graves. Tampoco nadie acusó recibo. Fue un aviso concreto. El último aviso.
Hasta que la crónica de una tragedia anunciada tuvo su desenlace. Aquél viernes 24 de febrero, hace 7 años, tan poco y parece tanto, se convirtió en uno de los días más aciagos de nuestra historia como región. Dos coches de MONTICAS colisionaron en Ruta 33, entre Zavalla y Pérez, con el saldo de 13 personas fallecidas y 34 heridos, muchos de ellos de consideración. Finalmente, después de tanta espera y tanto olvido, el desastre se consumó cobrándose vidas humanas. Sólo el espanto pudo disfrazar apenas momentáneamente que la sorpresa no era tal.
Esa misma noche, en Casilda, un grupo de vecinos se autoconvocó en la Estación de Colectivos “Colonia Candelaria”. Exigían ahora sí que alguien hiciera algo. Luego de algunos discursos, la Asamblea abierta tomó un cuarto intermedio y se citó para el día siguiente en las puertas del Municipio. Fueron recibidos por el Intendente Municipal de entonces, el Senador del Departamento y algunos Concejales. Las autoridades informaron que se le había pedido al Ministerio de Transporte de la Provincia la quita de la concesión del servicio a la Empresa, al menos provisoriamente.
Luego de ese fin de semana tristemente inolvidable, y en lunes feriado de Carnaval, el Gobernador de la Provincia informó en su cuenta de Twitter la quita de la concesión a MONTICAS. Esto descomprimió en algo el denso ambiente que se vivía por esas horas, pero dejó más preguntas que respuestas. Una nueva convocatoria de vecinos el miércoles de esa semana, nuevamente con presencia de autoridades, dejó en suspenso los pasos a seguir. Muchas veces, reaccionar ante las contingencias en lugar de prevenirlas suele arrojar ese aire de impotencia que la mansedumbre transforma en resignación. Similares protestas se realizaron en Zavalla y Rosario.
Se sucedieron luego algunas escenas poco menos que inverosímiles. El secretario de transporte del Gobierno Provincial, Pablo Jukic, manifestó ante legisladores provinciales que “quitar la concesión a Monticas obedeció a la intención de descomprimir la tensión social”. A confesión de parte relevo de pruebas, dicen los abogados. Pese a la indignación que las palabras del funcionario causaron entre legisladores y ciudadanos, el secretario se mantuvo en su cargo hasta el final de la gestión de Miguel Lichsfitz, habiendo siendo removido un funcionario de segunda línea, el subsecretario de Transporte, Gustavo Peirano. Maquillaje que le dicen…
Luego de las gestiones realizadas por el entonces intendente municipal, Juan José Sarasola, se hicieron presentes en Casilda los fiscales Valeria Piazza Iglesias, Mariana Prunotto, y Walter Jurado, integrantes de la Unidad Fiscal de Delitos Culposos del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de la investigación de la tragedia de Monticas. Tomaron declaraciones en la sede de la Fiscalía local a personas que viajaban en los micros, e informaron el curso de la investigación ante pasajeros y familiares de víctimas de aquél viaje fatídico y ante la prensa local. Fue al menos confuso que una primera pericia dedujera de un neumático estallando vencido y una segunda afirmara los neumáticos estaban en buenas condiciones: ni recapados ni vencidos. Con respecto a esta segunda pericia, hondo malestar causó en los Fiscales que el resultado de la misma se hubiera vertido públicamente en medios de comunicación antes que ellos mismos la conocieran. La Justicia en ocasiones seguramente se levanta la venda de sus ojos para restregárselos sorprendida ante algunas situaciones.
Finalmente, el Gobierno de la Provincia entregó la concesión a la Empresa ROSARIO BUS, del Grupo BERMUDEZ. Número puesto, según versiones previas finalmente concretadas. Llegaron al poco tiempo unos endebles colectivos de color amarillo, muy similares a los que prestan servicios de transporte urbano de pasajeros en la Ciudad de Rosario, lo que provocó un nuevo enojo de los usuarios. El nuevo subsecretario de Transporte de la Provincia, Héctor Zanda, manifestó en ese tiempo y en declaraciones radiales que se trataba de una medida provisoria, que en 30 a 90 días los coches serían reemplazados por coches nuevos, y pidió a los usuarios “un esfuercito más”. Como si el esfuerzo anterior y posterior a la tragedia no hubiera sido suficiente como para no pedirnos más nada… Como si la provisoriedad tuviera lugar sobre la desgracia consumada.
Luego, la cuestión se prolijó. Sin embargo, sigue habiendo deficiencias. Algunos coches siguen quedando detenidos en medio de su recorrido, la frecuencia de los horarios nunca fueron regularizados después de la pandemia, y sigue habiendo pasajeros esperando largamente para poder tomar el colectivo que necesitan para llegar a sus destinos.
El 24 de Febrero de 2017, a las 11.05, dos colectivos nos estrellaron el corazón. Vidas perdidas en una tragedia que tenemos la indubitable seguridad podía haberse evitado. La falta de controles de la Provincia y de la Nación, el desoír los reclamos de los usuarios, el dejar pasar, dejar hacer sin intervenir como correspondía se hiciese, entre otro motivos, llevaron a que ese día haya quedado marcado a fuego en el alma, la mente y el corazón de todos.
La Justicia sigue sin dar repuestas.
Lo ocurrido es irreparable. Es de esperar que tanta desmesurada desidia, esa desidia de las que matan, también haya quedado inerte al costado de una ruta y sin pasaje de vuelta, para que nunca más vuelva a ocurrir semejante episodio. Depende de todos. De las autoridades actuar. Y de los ciudadanos, no olvidar.
(A la memoria de las personas fallecidas el 24 de Febrero de 2017 en la “Tragedia de Monticas”)
