Con el objetivo de reforzar el servicio de seguridad, cubrir los requerimientos de la Unidad Policial y así atender la demanda de la sociedad respecto a los hechos de inseguridad ante el incremento de hechos delictivos en las distintas localidades del departamento, Rosconi elaboró un informe pormenorizado de los recursos humanos y logísticos con los que cuentan cada una de ellas, para elevarlo al Ministerio de Seguridad mediante proyecto legislativo.
En el mismo, se expusieron los numerosos hechos delictivos que se suscitaron recientemente en Chabás, Bigand, Arteaga y Casilda, junto con un informe que detalla que desde el año 2015 al 2018 hubo un total de 62 policiales que se retiraron y que no se han incorporado hasta la fecha.
“Atento a la disminución del personal policial en que se encuentra la Unidad Policial IV, que inevitablemente resiente la seguridad pública, reiteramos al poder ejecutivo tenga en cuenta la imperiosa necesidad de incorporar agentes policiales”, argumentó el legislador en su iniciativa.
Además, se refirió a la necesidad de mejoramiento edilicio para las comisarías y reparaciones de los móviles policiales, ya que atendiendo a la Ley de Emergencia en Materia Seguridad Pública que fue sancionada por la legislatura, la provincia tiene la facultad para responder sobre estos requerimientos.
“Gödeken cuenta con apenas dos efectivos -uno para cubrir cada turno- y dos móviles deficientes. En Chabás, son dieciocho los policías que trabajan cada semana para brindar bienestar a los pobladores. Villada cuenta con apenas cuatro y los fines de semana añade personal comunal para hacer recorridos. En tanto que, en Los Quirquinchos están solicitando un móvil más para reforzar la única camioneta que posee”, detalló Rosconi.
